Código Penal Colombiano · Ley 599 de 2000
Artículo 396 C del Código Penal Colombiano
Omisión de información del aportante
¿Qué dice el artículo 396 C?
Este artículo establece que cualquier persona que no informe sobre los aportes realizados a las campañas electorales, según lo estipulado por la ley, se enfrenta a penas de prisión y multa. Aplica a individuos que participan en el financiamiento de campañas electorales y buscan cumplir con la normativa sobre transparencia en la financiación política.
- La omisión de información sobre aportes es un delito.
- La pena de prisión oscila entre cuatro y ocho años.
- Se establece una multa que varía según los salarios mínimos.
- Aplica a todos los aportantes a campañas electorales.
- Busca garantizar la transparencia en la financiación política.
Ejemplos
- Si un empresario realiza un aporte a una campaña y no lo reporta, puede ser sancionado.
- Un ciudadano que apoya económicamente a un candidato sin informar a las autoridades también incurre en este delito.
Texto oficial del artículo 396 C
Artículo 396C. Omisión de información del aportante. El que no informe de sus aportes realizados a las campañas electorales conforme a los términos establecidos en la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Fuente: Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), texto oficial. Consulta la norma completa en la Secretaría del Senado.
Preguntas frecuentes
¿Qué sucede si no informo mis aportes a una campaña electoral?
Si no informas tus aportes a las campañas electorales, puedes enfrentar una pena de prisión de cuatro a ocho años y una multa que varía entre cuatrocientos y mil doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es importante cumplir con esta obligación para evitar sanciones.
¿A quiénes aplica esta norma?
Esta norma aplica a todas las personas que realicen aportes a campañas electorales. Es fundamental que todos los aportantes informen sus contribuciones para garantizar la transparencia en el proceso electoral y cumplir con la ley.