Código Nacional de Policía y Convivencia · Ley 1801 de 2016
Artículo 152 del Código Nacional de Policía
Reglamentos
¿Qué dice el artículo 152?
El artículo establece que los reglamentos son normas dictadas por el Presidente, Gobernador o Alcalde, así como por corporaciones administrativas en su jurisdicción. Su objetivo es regular actividades o derechos que puedan afectar la libertad o derechos de otros, sin que sean de reserva de ley. Esto aplica a diversas situaciones donde se requiera un control para mantener el orden público.
- Los reglamentos son emitidos por autoridades locales.
- Buscan regular actividades que afectan a terceros.
- No son considerados reserva de ley.
- Aplican en el ámbito de la jurisdicción territorial.
- Son fundamentales para el ejercicio de derechos.
Ejemplos
- Un alcalde puede establecer reglamentos sobre el uso de espacios públicos para evitar ruidos molestos.
- El gobernador puede dictar normas sobre la venta de alcohol en eventos masivos para garantizar la seguridad.
- Conocer este artículo es útil para entender cómo se regulan actividades que pueden afectar a la comunidad.
Texto oficial del artículo 152
ARTÍCULO 152. Reglamentos. Son aquellos que dicta el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde municipal o distrital y las corporaciones administrativas del nivel territorial en el ámbito de su jurisdicción, de conformidad con la ley.
Su finalidad es la de establecer condiciones al ejercicio de una actividad o derecho que perturbe la libertad o derechos de terceros, que no constituyen reserva de ley.
Fuente: Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), texto oficial. Consulta la norma completa en la Secretaría del Senado.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede dictar reglamentos?
Los reglamentos pueden ser dictados por el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde municipal o distrital, así como por las corporaciones administrativas del nivel territorial en su jurisdicción.
¿Cuál es la finalidad de los reglamentos?
La finalidad de los reglamentos es establecer condiciones para el ejercicio de actividades o derechos que puedan perturbar la libertad o derechos de terceros, asegurando así el orden y la convivencia pacífica.
